Todos los actores en presencia enfatizan sus
declaraciones de estar al servicio de los ciudadanos. Pero la práctica de estas
declaraciones tropieza con otros intereses y prácticas de los mismos actores y
los resultados no se corresponden con las declaraciones.
Vamos a dar un rápido recorrido a lo que son estos
intereses y prácticas clasificándolos según dos grandes tipo de actores: los
políticos y sus partidos, y los empleados públicos y sus sindicatos. Por ambas
partes, no se toma en cuenta la necesidad de organizar las tareas necesarias en
orden a conseguir los resultados de prestaciones a los ciudadanos que se
predican.
Los políticos y sus partidos, no vienen asumiendo un
papel de liderazgo político que intentan sustituir por una dirección personalista
de la gestión, bien por ellos mismos o por otras personas que forman parte de
su clientela, sin atender a su competencia organizativa.
Entre los empleados públicos, sus cuerpos y sus
sindicatos, prolifera el corporativismo, el uso privado del derecho, y la demanda de mejora de condiciones
de trabajo sin contrapartida de mejora de la productividad.
Lo que permite avanzar en la vía de hacer que las administraciones
sean, de verdad, de y para el ciudadano, debe comenzar por un acuerdo entre los actores –y, en su
caso, de los ciudadanos – de aprender a utilizar instrumentos organizativos,
que permitan la satisfacción de las demandas de los actores en presencia,
incluyendo la legalidad de las actuaciones.
Estos instrumentos
pondrán de manifiesto, de modo que todo el mundo entienda, cómo recibe el prestatario de los servicios la satisfacción de su
necesidad, y cómo las tareas que lleva a cabo la administración lo producen.
Existe experiencia sobrada y métodos contrastados para
hacer esto. El método del “blueprint” (diagrama de los procesos de
satisfacción/insatisfacción de necesidades) muy utilizado en los servicios
privados, se ha experimentado en los servicios públicos con satisfacción. Una definición de estos procesos permite
definir puestos de “frontera” y una estructura de la tarea que permite diseñar
estructuras organizativas –horizontal y verticalmente – eficientes que no
dependan de los títulos académicos, ni las presiones corporativas.
El sistema organizativo en que basar esta estructura es
alguna variante de los métodos de
planificación, programación, presupuestación y evaluación, de larga
tradición en la gestión pública occidental, y desarrollados en la práctica de nuestro país
con poca frecuencia, si bien lo suficiente como para asegurar que sirven
perfectamente, si se da una voluntad de dirección consciente entre los
políticos y el personal superior de las administraciones.
La puesta en práctica demanda dos recursos adicionales,
poco frecuentes: puestos de analistas de
operaciones de las actividades que figuran en la estructura funcional del
presupuesto (a 5 dígitos), de modo que
sean explícitos los resultados y las tareas para lograrlos; y la capacitación de las jefaturas
administrativas y técnicas en el ejercicio de funciones ejecutivas sobre los
resultados/tareas. De esta manera, los planes de actuaciones municipales
pueden ser el resultado de procesos de arriba abajo y de abajo arriba, con fuerte
mejora de su eficacia y eficiencia.
La
capacidad de poner en marcha y mantener este sistema organizativo, empodera a
los directores profesionales para negociar con los gobiernos una autonomía leal
con la mejora de la institución y el valor público que genera.
Un proceso de mejora de la eficacia, la eficiencia y la
legalidad, como éste, no es verosímil
que se ponga en práctica de una vez para una institución completa. Pero si
puede ser objeto de un proyecto a un plazo no muy largo – máximo una
legislatura. Lo cierto es que las experiencias parciales sucesivas pueden
mostrar la virtualidad del mismo en la mejora de la institución y la satisfacción
de sus actores.
¿Por qué esta reflexión ahora? Porque todo político
sensato, deberías ahora importarle contar
con tiempo para ir desarrollando sobre liderazgo sobre sus votantes, y, al
mismo tiempo, mejorar la generación de valor público.
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