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viernes, 29 de mayo de 2015

EVALUANDO LA SITUACIÓN POLITICA Y ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO Y LA INSTITUCIÓN LOCAL. UN MÉTODO DE APLICACIÓN PRACTICA





   Los cargo públicos que se incorporen a las instituciones como consecuencia del 24M, muchas veces, se van a encontrar con dificultades para dominarlas y alinearlas con las preferencias de los votantes. En mandatos anteriores, el dominio se ha conseguido sobre la base de que los cargos públicos asumieran la dirección de la gestión de la administración. Esta “administrativización” de los políticos ha acarreado dedicar poca atención al liderazgo de los votantes, y como consecuencia que se fuera abriendo una grieta gradual entre gobernantes y gobernados, representada bien por el aumento de la abstención- hay municipios donde la abstención es el “partido” más votado.

   El 24M, la irrupción de los nuevos partidos ha disminuido el nivel de abstención, al mismo tiempo que ha modificado los resultados de los partidos existentes, con respecto a sus expectativas. A este respecto, va a convenir introducir para los partidos existentes, y en el futuro para los nuevos, la distinción entre los votantes de los votantes “ligados” y los votantes “sueltos”, sobre todo más adelante, a la hora de diseñar cómo mejorar la situación.

   A la hora de asumir por parte de los políticos cuál será la estructura de que se dotarán, su modo de proceder, y la estructura y dirección de la administración municipal, será conveniente considerar, a la vez, junto al nivel de abstención y los votos  los partidos, los procesos políticos locales –desde cómo se detectan los problemas hasta cómo se implementan las políticas -, y el papel que juegan en ello las organizaciones políticas locales y las asociaciones y movimientos ciudadanos.




Todo eso forma un primer bloque de la evaluación que los nuevos gobierno y oposiciones deben llevar a cabo antes de dar por buenos las estructuras y modos de funcionamiento existentes.

Sin embargo, no hay muchos precedentes de haber llevado a cabo este tipo de evaluación, ni siquiera de debatir sobre su conveniencia. Aun más, en la medida que los nuevos gobiernos lo sean de coalición entre partidos, y los participantes en el ejercicio de coalición, tengan formación y experiencias divergentes, es más fácil que las fórmulas resultantes se limiten a repartirse lo existente, sin intentar modificarlo.


Un segundo bloque de evaluación tiene que ver con la transparencia y el control de valor público que generan tanto el Ayuntamiento, como las organizaciones políticas locales y las asociaciones ciudadanas. Esta evaluación se refiere a la documentación que generan estos actores acerca de lo que hacen, el empleo de recursos en ello y el impacto en las necesidades públicas. Esta documentación, pues, debería hacer posible entender para cada actuación “qué/para quién/con que coste”. No es frecuente encontrar este tipo de documentación en las instituciones, organizaciones y asociaciones locales, lo que empobrece de modo importante el debate y la posibilidad de participación racional en la vida pública, e incluso la calidad del debate y toma de decisión internos en ellas mismas. Paralelamente a ello, los procesos de toma de decisión sobre estas cuestiones y el papel que pueden jugar en los mismos los diferentes participantes e interesados, tienen mucho que ver con los criterios y alternativas que se consideran.

La documentación que comunica el valor público que se genera suele ser muy poco transparente en cuanto al “qué/para quién/con qué coste”. Y los procesos de decisión, adolecen de personalismos, y la falta de unas reglas consensuadas los convierte con frecuencia en pugnas anárquicas.


Y el tercer bloque, no es fácil que ahora haya muchos cargos públicos quieran afrontarlo. Tiene que ver con evaluar los problemas que a la eficacia y eficiencia de las instituciones locales, provoca el exceso de personalismo/arbitrariedad en las actuaciones y decisiones de los cargos públicos, directores y técnicos. Y, en paralelo, la frecuencia con que las normas no se observan, y el poco desarrollo de las normas propias de aplicación. Como consecuencia, las irregularidades, el clientelismo y hasta la corrupción de menor/mayor calado, salpican a muchas instituciones aunque no tengan repercusión jurídica. En materia de organización, de urbanismo, de contratación de obras, compras y servicios, de personal, y de gestión tributaria, hay muchas posibilidades de mejorar el gobierno y la dirección municipal regulando las  decisiones, siguiendo, simultáneamente, principios de legalidad, eficacia y eficiencia.     
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