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Las
instituciones locales tienen una larga tradición de decidir según los criterios
personales de concejales delegados y alcaldes, más o menos influidos por sus técnicos. Y esto mismo, ha
sido también normal en gobiernos
autonómicos y nacionales
Esto
ha venido produciendo que una buena parte de lo que hacen estas instituciones
no obedezca a las prioridades de los votantes de sus gobiernos, Lo que - sin perjuicio,
del impacto amplificador que han tenido después otros acontecimientos bien
conocidos y presentes,- ha venido generando una desmovilización, una abstención
y una desafección política crecIente en militantes y votantes.
Un
partido progresista no puede mantener situaciones como ésta: la decisión de la
voluntad personal del político arropada por el refrendo tecnocrático del
experto de turno, sin tomar en consideración las priorizaciones de sus votantes.
Pero
sobre los valores y las preferencias de los votantes no hay más expertos que
ellos mismos. Una política progresista debería facilitar que los votantes
conozcan el empleo de los fondos públicos y los resultados que producen
(“qué/para quién”) y en función de ello evalúen las actuaciones públicas,
expresen sus preferencias y lleguen a la conclusión de qué partido les representa
mejor.
No haría falta más que aplicar rigurosamente las determinaciones de la
legislación y reglamentos de las Haciendas Locales, presentando un presupuesto
por programas y actividades con explicación de los resultados de cada una de ellas,
junto a su financiación.
Para
ello, habría que ir introduciendo una prácticas presupuestarias que recogiendo
la formulación de la Government
Finance Officers Association cumpla
estas cuatro funciones:
- Definir
las políticas. (Documento
político)
- Asegurar
la ejecución. (Plan
Financiero)
- Fomentar
la eficiencia. (Guía
de Operaciones)
- Apoyar.
la comunicación interna y externa. (Instrumento de transparencia)
Los
presupuestos así elaborados deberían servir de base a un debate en el pleno
municipal de la ejecución anual e histórica de los mismos, así como de un
debate anual sobre el estado del municipio y cualquier otra iniciativa de
participación en las decisiones que se acuerde.
Estos
presupuestos permiten, adicionalmente, crear un lenguaje común entre el grupo
municipal y la organización local del partido evitando las barreras culturales
que dificultan el trabajo en común. E igualmente entre el gobierno y los
directores de la institución, para la autonomía responsable de éstos.
A la
dirección nacional de cada partido le proporcionan un instrumento de análisis y
evaluación de la política que está llevando a cabo un gobierno en el que
participa el partido. Así pueden evitarse sorpresas desagradables y prever
ayudas necesarias a tiempo.
Los
asesores/analistas de política deberían dominar este instrumento y proporcionar
entrenamiento en el mismo tanto a todos los cargos y directores públicos de las instituciones como a los miembros de las comisiones ejecutivas
locales y comarcales de los partidos.
Del programa del curso DEL MARKETING POLÍTICO A LA DIRECCIÓN POLÍTICA Y A LA GOBERNANZA EFICAZ, 14/15 de febrero, en www.barcelonaschoolofmanagement.com
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